Alcaldes con dinero

El otro día, en clase, el profesor de Hacienda Pública impartió una clase sobre el reparto de recursos (dinero, vamos) que se da en España. Hizo hincapié en que España no es un país federal, pero que si nos atenemos a este criterio, de reparto territorial de recursos, se podría afirmar que sí que lo es. No entendí muy bien lo que quería decir con esto, ni lo que pretendía explicar en relación al tema que estaba tratando hasta entonces, que era el modo en el que España ingresaba dinero mediante los impuestos.
Por la tarde leí en el periódico que el gobierno de Zapatero destinaría 8.000 millones de euros a los ayuntamientos. La conclusión a la que se llegó en clase es que el reparto era como sigue: el Estado gestionaba el 45 % de los recursos (45 % del PIB), las Comunidades Autónomas el 40 %, y los ayuntamientos el 15 % restante. Al hilo de esto, en el periódico se recogían algunas de las quejas más famosas que los alcaldes hicieron a los respectivos gobiernos (Aznar y Zapatero) para que el reparto de recursos fuera más equivalente. Esto me hizo pensar lo que más tarde constaté: que el problema ya venía de lejos. Ahora el gobierno trata de calmar los encendidos ánimos de los alcaldes otorgándoles una "ayudita".
Yo pienso que esto es "pan para hoy y hambre para mañana", como dice el refrán. Me explico: la mayoría de los ayuntamientos arrastran unas deudas enormes desde hace muchos años, deudas en muchos casos superiores a la mencionada "ayudita". Y esto es a causa del desequilibrio en el reparto de recursos, situación que no sólo se ha tratado de arreglar con el paso del tiempo, sino que se ha acentuado (poco después de la caída del régimen franquista el reparto era del 50 % para el Estado, el 30 % para las CCAA, y el restante 20 % para los ayuntamientos). Y esto ha llegado a esta situación porque la mayor parte de obras públicas son acometidas por los ayuntamientos, en muchas ocasiones sin ayuda por parte de las CCAA.
En otro orden de cosas, en el reportaje-noticia que leí en el periódico se especulaba con que las corrupciones urbanísticas de los ayuntamientos que se han sucedido en la última década eran a causa de la deuda que acarreaban, la cual era propiciada por el desigual reparto de recursos. En resumen, que los culpables serán los cargos públicos de los ayuntamientos, pero fueron (indirectamente) instigados por el Estado a hacerlo, pues no les dejaban otra alternativa para poder financiarse. Pienso que es una especulación muy bien fundada, ya que, igual que el que no tiene trabajo roba para comer, los ayuntamientos para pagar sus deudas acurrieron al Estado, y una vez que éste desoyó sus justificadas (o no, véase obras faraónicas sin sentido de Gallardón, como la soterración de la M-30) quejas, recurrieron a quien siempre da una oportunidad para salir de los atolladeros: el lado ilegal de las cosas.
Además, esto de la recalificación de terrenos fue algo legal durante mucho tiempo. Cuando empezó a ser ilegal fue cuando se empezó a practicar "en masa"; y se constató que era una vía inviable en materia urbanística, porque todo (salvo extrañas excepciones) metro cuadrado que se construyó en este país de 10 años para acá estaba recalificado, o con licencias más baratas de lo normal, o con algún chanchullo, en definitiva. Una vez que se constató la inviabilidad del sistema ilegal (el cupo de "constructores" estaba lleno, y el bolsillo de los ayuntamientos seguía vacío) saltaron las alarmas, y comenzó la "caza de brujas" (el año pasado, todo el mundo recordará como se sucedieron las detenciones de ediles y concejales de distintas partes de España), pequeña, para lo que podría haber sido. Y es que, como en todo negocio, hay quien sabe guardarse bien las espaldas; por eso las drogas siguen en las calles, por ejemplo.